
La lucha contra la
discriminación, la accesibilidad universal y la transversalidad en las
políticas destinadas a la discapacidad son algunas de las metas que persigue la
futura ley. El texto abarca materias tan diferentes como salud, educación y
formación, empleo e inserción laboral, servicios sociales, cultura, deporte,
turismo, ocio o medio ambiente. De esta forma integra en un solo documento
legal toda la normativa autonómica, nacional e internacional relacionada con la
discapacidad para potenciar su efectividad.
Este proyecto movilizará un total
de 155 millones de euros al año, con una serie de medidas destinadas a
maximizar la autonomía personal, la integración sociolaboral y la participación en la sociedad en
condiciones de igualdad. La norma está orientada a facilitar la vida de los
discapacitados pero también de sus familiares, tutores y cuidadores.
Se trata de fomentar una atención
personalizada con proyectos específicos para cada usuario. Entre las acciones
que se llevarán a cabo destaca la atención temprana a los niños con
discapacidad o con riesgo de padecerla. También se realizarán acciones
orientadas a la sensibilización para acabar con la discriminación y los
estereotipos negativos.